Política

Extrabajadores judiciales de Piura son condenados por delitos de corrupción a funcionarios

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Evidencias Entre los principales medios de prueba presentados por el representante del Ministerio Público están los certificados de depósitos judiciales , indebidamente cobrados por los trabajadores, y el reporte de movimientos de la cuenta personal de Mogollón Espinoza, donde se verifican depósitos por montos altos

La fiscal adjunta provincial, Ana Cánova Loro, del segundo despacho de la Fiscalía especializada en delitos de corrupción de funcionarios (Fecof), obtuvo que se condene a ocho años de prisión a Edwin Santiago García Vargas y a Jennifer del Rocío Mogollón Espinoza, así como a seis años de prisión a Messi Janet Odar Ramírez, por la comisión del delito de peculado agravado .

La fiscal Cánova Loro probó en juicio que los tres extrabajadores del Segundo Juzgado de Paz Letrado de Piura cobraron, entre los años 2011 y 2012, treinta y dos depósitos judiciales, cuya suma asciende a 53.717 soles correspondientes a una serie de Certificados de Depósito Judicial consignados en los expedientes judiciales que tramitaron, sin que hayan dado cuenta de dicho cobro a su institución .

Evidencias Entre los principales medios de prueba presentados por el representante del Ministerio Público están los certificados de depósitos judiciales , indebidamente cobrados por los trabajadores, y el reporte de movimientos de la cuenta personal de Mogollón Espinoza, donde se verifican depósitos por montos altos.

PUEDES VER: Tramo II del río Piura tendría perjuicio económico de más de S/ 5 millones Asimismo, también se expuso como evidencia los informes Periciales Grafo Dactiloscópicos que concluyen que las firmas en los vouchers de retiro difieren de la firma de los beneficiarios y que presentan compatibilidad gráfica con las muestras de Jennifer Mogollón.

Reparación En audiencia de decisión adelantada, el Juzgado Colegiado fijó en 68.717 soles el monto que por concepto de reparación civil deberán abonar los sentenciados en favor del EstadoPoder Judicial.

Además, se comunicó a la Policía Nacional sobre el dictamen para proceder con la ubicación, captura e ingreso al establecimiento penal de los sentenciados.

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