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Termina el año y Conacyt no convocó a la UNAM para elaborar la Ley de Ciencia

Victor Gill
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Dijo que en los últimos 30 años, la comunidad científica ha vivido momentos de apertura y participación en las políticas del ramo, incluso en momentos álgidos y la renuncia de un ex director de Conacyt (Jaime Parada Ávila) por sus constantes confrontaciones con la comunidad. No obstante, la experiencia con el actual gobierno, a dos años de gestión, deja ver que “no son afectos a la negociación, como prueba está el tema de los fideicomisos y debilitamiento del Sistema Nacional de Investigadores. Les gusta imponer decisiones a nombre del pueblo bueno, no les gustan los organismos de consulta ni los contrapesos en las políticas en ciencia”.   

Acotó que se sabe poco sobre la iniciativa de ley general, “pero acorde a lo que ha hecho Conacyt, la iniciativa de la senadora Ana Lilia Rivera, con la que se intentó dar albazo, ha sido la hoja de ruta de la administración actual de la institución: centralización, concentración de decisiones, cancelación de espacios de participación y de consulta, una ciencia e investigación atadas a la visión del gobierno en turno, así como displicencia por el cumplimiento de la ley”

Aunque en octubre de 2019, la directora de Conacyt, Elena Álvarez-Buylla, dijo que la institución convocaría a la UNAM a participar en la elaboración de la Ley General de Ciencia y Tecnología, no ha sido incluida en las sesiones de trabajo de la iniciativa, que debe ser presentada, analizada y aprobada por el Legislativo antes de que termine el año. “Solicitaré al rector Enrique Graue ayudar en la organización de una mesa de trabajo para intercambiar ideas y propuestas entre colegas científicos y juristas, a fin de trabajar en la nueva ley”, dijo en una firma de convenio con la Academia Mexicana de Ciencias.

Sin embargo, William Lee, coordinador de la Investigación Científica de la UNAM, refirió que a pesar de no haber sido convocada, la Universidad sigue en la mejor disposición para participar y revisar a detalle la iniciativa.

En la conferencia virtual “Elementos indispensables para una nueva Ley General de Ciencia y Tecnología, organizada por la máxima casa de estudios, académicos de diferentes áreas de la institución presentaron lo que para ésta debería contenerse en la legislación y que se nutre de las propuestas que han presentado a este gobierno desde el proceso de transición y en diversos foros que ha habido en los últimos dos años. Las propuestas elaboradas por la UNAM fueron enviadas adicionalmente a Conacyt mediante la plataforma digital que puso a disposición de la comunidad, así como lo han hecho organizaciones como la red ProCienciaMx y la REDNACECYT.

Sin embargo, dichas propuestas de la comunidad contrastan con el borrador de la iniciativa que se filtró desde Conacyt la semana pasada, publicado por Crónica, y que presenta una estructura de gobernanza centralizada y limita la libertad de investigación, como lo estipulaba el proyecto de reforma de ley presentado por la senadora Ana Lilia Rivera (Morena) al inicio de esta administración –desechada por el descontento de la comunidad.

“Se trata de una versión que circula, un borrador extraoficial que no se ha propuesto a la comunidad; me parece que hay elementos interesantes y otros que hay que discutir con mucha apertura y cuidado”, señaló William Lee.

Estos puntos particulares se refieren a 1) órganos de consulta e interacción con los académicos, “que deben ser muy abiertos, plurales, de escucha y diálogo con la comunidad, para implementar las mejores soluciones a todo lo que nos ocupa”. Lo anterior se refiere específicamente a la gobernanza del sistema de ciencia, que estaría concentrado en Conacyt, sin órganos autónomos de consulta.

2) la discusión sobre la libertad de cátedra e investigación: “la libertad debe ser completamente irrestricta. Hay toda una discusión de si hay resultados o aplicaciones del conocimiento que son benéficas o perjudiciales”. El punto se refiere específicamente al término del “principio precautorio” establecido en dicho borrador de la ley, que se vincula a su vez con las inquietudes expuestas por la directora de Conacyt a lo largo de su trayectoria académica en relación con la biotecnología y los organismos genéticamente modificados (transgénicos).

“Si bien se pueden utilizar los descubrimientos y conocimiento de manera perjudicial, depende de las personas y de cómo los usamos. Pretender limitar o restringir la generación de conocimiento porque puede llevar a un perjuicio es un sin sentido, se tiene que conocer y después usar de manera provechosa, pero no limitarse per se”.

¿ALBAZO Y APLANADORA LEGISLATIVA? Además de Lee Alardin, las propuestas de los universitarios fueron expuestas por los directores de institutos de investigación Biotecnológica (Tonatiuh Ramírez), Investigaciones Jurídicas (Pedro Salazar), Física (Cecilia Noguez), así como la titular de la coordinación de Humanidades (Guadalupe Valencia), la oficina de la Abogacía General (Alfredo Sánchez) y el secretario general de El Colegio de México (Gustavo Vega). Cada uno expuso propuestas en el tema de gobernanza, financiamiento, evaluación de investigadores, desarrollo y mantenimiento de infraestructura, vinculación y desarrollo con la industria y marco jurídico, entre otros.

Adicionalmente participó Rafael Loyola, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales y director fundador del Centro del Cambio Global y la Sustentabilidad en el Sureste, en Villahermosa, Tabasco, quien se ha especializado en el tema de política científica. El académico puso énfasis en dichos temas, así como en los objetivos de la actual administración en el sistema de ciencia y tecnología.

Dijo que en los últimos 30 años, la comunidad científica ha vivido momentos de apertura y participación en las políticas del ramo, incluso en momentos álgidos y la renuncia de un ex director de Conacyt (Jaime Parada Ávila) por sus constantes confrontaciones con la comunidad. No obstante, la experiencia con el actual gobierno, a dos años de gestión, deja ver que “no son afectos a la negociación, como prueba está el tema de los fideicomisos y debilitamiento del Sistema Nacional de Investigadores. Les gusta imponer decisiones a nombre del pueblo bueno, no les gustan los organismos de consulta ni los contrapesos en las políticas en ciencia”.   

Acotó que se sabe poco sobre la iniciativa de ley general, “pero acorde a lo que ha hecho Conacyt, la iniciativa de la senadora Ana Lilia Rivera, con la que se intentó dar albazo, ha sido la hoja de ruta de la administración actual de la institución: centralización, concentración de decisiones, cancelación de espacios de participación y de consulta, una ciencia e investigación atadas a la visión del gobierno en turno, así como displicencia por el cumplimiento de la ley”.

Añadió que dicho borrador de la iniciativa no es diferente y que en lugar de una que establezca una política de Estado, se vislumbra una con una construcción apresurada, torpe y excluyente de una estructura para una ciencia de Estado: “No es lo mismo una política de Estado que una ciencia de Estado, como tuvimos un ejemplo el siglo pasado con la ciencia soviética”.

Los universitarios finalizaron enfatizando que existen los insumos para elaborar una buena iniciativa, aún con el agotamiento del periodo legislativo, y señalaron que es responsabilidad de los legisladores analizarla y discutirla ampliamente con el sector mas no sólo reproducir la de Conacyt u otra.

Para Loyola, lo ideal sería mejorar cualquier iniciativa, discutirla y compartirla para tener un documento pertinente, como ocurrió con la Ley de Educación Superior, y que adicionalmente no suceda como con la extinción de los fideicomisos. “Ahí hubo una amplia discusión con los legisladores, donde los de Morena estaban de acuerdo con mantenerlos; al final, la aplanadora presidencial fue lo único que tomaron en cuenta”.