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Money Analytica | Adolfo ‘Chichi’ De Obarrio, la llave de la Caja de Pandora

Ese mismo día, Loaiza solicitó enjuiciar a Abraham Williams, exfuncionario del PAN, y el sobreseimiento para otras 16 personas

Adolfo Chichi De Obarrio se volvió millonario en menos de cinco años (2009-2014), siendo un simple funcionario desde el punto de vista jerárquico.

Pero este joven –reclutado a la edad de 27 años por el gobierno de Ricardo Martinelli para ejercer como secretario privado del gobernante– tendría en sus manos las llaves de múltiples casos de corrupción, que lo sitúan en lo lo alto de la pirámide.

De Obarrio fue arrestado la tarde del pasado miércoles mientras caminaba por las calles de Milán –norte de Italia–, por agentes de la Policía de Estado de ese país. Así lo confirmaron a La Prensa fuentes oficiales. Su aspecto lozano de antaño es ahora reemplazado por una barba que disimulaba sus rasgos, lo mismo que el sombrero que llevaba puesto.

El exfuncionario abandonó el país hace seis años –a finales de noviembre de 2014–, un día después de ofrecer declaraciones en una rueda de prensa en la que alegó su inocencia cuando iniciaban las investigaciones en su contra. Ocho semanas después –el 28 de enero 2015– lo imitaría su exjefe Ricardo Martinelli, que abandonó el país en una inexistente “gira internacional” para denunciar el supuesto acoso político del que decía ser víctima.

La primera y única escala conocida de Adolfo De Obarrio y su recién creada familia fue Puerto Rico. De allí en adelante, su paradero fue desconocido, hasta ahora.

Su arresto el pasado miércoles acataba una solicitud de la División de Interpol del Servicio de Cooperación Policía Internacional. (Ver nota relacionada).

La captura

Los agentes lo habían identificado en un alojamiento (bed and breakfast) en el centro de la ciudad italiana, gracias a una notificación con su foto que llegó a la Jefatura de Policía de Milán. Llevaban días vigilando sus movimientos hasta que lo detuvieron en plena calle. De Obarrio pasó la noche en una celda en la dependencia policial.

Las fuentes italianas confirmaron que De Obarrio –que también es un nacional italiano– tenía órdenes de búsqueda y captura emitidas por las autoridades de Panamá desde 2019, acusado de blanqueo de capitales.

De momento, no tiene ninguna causa abierta en Italia, aunque su nombre aparece en varias ocasiones en el sumario de los casos juzgados en Italia por corrupción internacional en Panamá. Esto hace que no sea descartable un interrogatorio por parte de los fiscales italianos.

Viejo conocido

Las investigaciones han corroborado que De Obarrio acompañó a Martinelli y al italiano Valter Lavítola en un lujoso viaje de tres días a Cerdeña –del 18 al 21 de agosto de 2011–, que habría costado cerca de $90 mil –varios miles gastados en licores– y que acabó pagando la empresa italiana Impregilo.

Lavítola fue condenado en Italia a tres años y tres meses de prisión por vehicular las supuestas extorsiones de Martinelli a la constructora italiana, a fin de que financiara un hospital pediátrico de Veraguas. En las motivaciones jurídicas de su sentencia, los jueces ratificaron que la promesa de Impregilo de sufragar la construcción del mencionado hospital, a un costo superior a los $20 millones –a cambio de la adjudicación de las obras del Metro de Panamá– era “un modo enmascarado e indirecto” para ofrecer coimas al entorno de Martinelli, a través del empresario cubano Rogelio Oruña, vinculado a otro gran contratista del Estado panameño: IBT Group.

De $4 a $4 millones

De Obarrio llegó a la Presidencia de Martinelli cuando su cuenta bancaria tenía un saldo de $4.11. Una auditoría de la Contraloría General de la República reveló que al salir, De Obarrio contaba con un patrimonio de $4.7 millones, incluidos, $760 mil en lingotes y monedas de oro. Era dueño de fincas, apartamentos, casa de playa, carros de lujo, 15 cuentas bancarias, joyas y tarjetas de crédito con las que se gastó más de medio millón de dólares.

Precisamente, está acusado de enriquecimiento injustificado, pues no pudo sustentar el origen de $3.6 millones de su patrimonio. Junto a él, están acusadas su madre y su esposa. Esta última salió de Panamá con él en noviembre de 2014.

El ex secretario privado de Martinelli podría ser enviado a Panamá si prospera el proceso de extradición. En ese caso, podría someterse a varios juicios en los que es requerido en calidad de acusado o bien llegar a acuerdos de pena o cooperación con los fiscales locales.

De Obarrio, por ejemplo, fue acusado, junto con el exministro de Economía y Finanzas Frank De Lima, en un caso por la compra de granos a través del desaparecido Programa de Ayuda Nacional (PAN). Igualmente, a través del PAN, De Obarrio fue acusado de los delitos de peculado, corrupción y fraude en actos de contratación pública en el caso de la compra de comida deshidratada, cuya lesión al Estado se calculó en casi $45 millones.

Pinchazos

Pero De Obarrio también estaba al corriente del tema de los pinchazos. En correos hurtados por hackers en julio de 2015 a la empresa italiana Hacking Team –proveedora de plataformas de espionaje (Remote Control System o Da Vinci) para el gobierno de Martinelli– quedó evidenciada la intervención, tanto del entonces presidente como de su secretario privado.

Un correo –fechado 14 de julio de 2014– revela que ejecutivos de una subsidiaria de la empresa italiana habían “conversado” con “el Sr. Adolfo Obarrio, secretario privado del Presidente de Panamá (que no fue a la cena) quien nos dijo que estaba al teléfono con su jefe, mientras nosotros estábamos en el restaurante, él le ordenó suspender cualquier compra potencial hasta que el problema sea resuelto mañana”.

Aparentemente, el problema con la plataforma espía se resolvió, pero parcialmente. En el juicio a Martinelli por los pinchazos, el testigo protegido reveló que tuvo acceso a un correo electrónico que el exsubdirector del Consejo de Seguridad Nacional, Ronny Rodríguez, envió a De Obarrio. En este le indicaba que el equipo Da Vinci, de Hacking Team, estaba dando problemas de “sincronización”.

Para empeorar la situación, el testigo dijo que conoció a De Obarrio en una de las capacitaciones que se hacían en las oficinas del Súper 99 de Punta Pacífica para manejar el equipo espía, y que en esa ocasión le invitó el almuerzo.

Es un hecho que la presencia de De Obarrio en Panamá –si coopera como testigo– podría cambiar el curso de varios procesos e investigaciones en curso. Su testimonio, seguramente, será la madre de todos los escándalos.

Mochilas y la telaraña de los casos del PAN

Según un vocero de la Policía de Milán, “la persona buscada [por Panamá], que fungió como secretario particular del presidente de la República en el período entre 2009 y 2014, habría recibido el pago de sobornos por empresarios a cambio de la adjudicación de contratos públicos relacionados con programas [de] ayuda nacional por la compra de material escolar”.

El 10 de julio de 2018, el entonces juez decimoquinto penal, Leslie Loaiza, solicitó el llamamiento a juicio de Adolfo De Obarrio por el denominado caso de las mochilas. Loaiza pidió a Interpol que lo localizaran a través de una alerta roja.

Este proceso le sigue la pista a supuestas irregularidades (sobrecostos) en la compra de mochilas escolares a través del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN), a un costo de $14.2 millones.

Ese mismo día, Loaiza solicitó enjuiciar a Abraham Williams, exfuncionario del PAN, y el sobreseimiento para otras 16 personas.

Williams fue capturado en Costa Rica en octubre de 2018; una vez en Panamá, fue detenido y después obtuvo medida cautelar de casa por cárcel.

La Fiscalía Anticorrupción de Descarga no estuvo de acuerdo con el fallo de Loaiza que, como se dijo, pidió sobreseer a 16 personas, y por eso apeló el 17 de julio de 2018. El Segundo Tribunal Superior no ha fallado todavía.

El Ministerio Público también ha investigado a Adolfo De Obarrio en otros casos: compra de granos ($12.3 millones), bolsas de alimentos ($33.2 millones), Piso y Techo ($1.5 millón), todos por la supuesta comisión del delito de peculado.

De Obarrio salió del territorio nacional el 25 de noviembre de 2014, según datos de las autoridades judiciales.

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